La Plusvalía Municipal (IIVTNU) es un impuesto que grava el incremento de valor experimentado por los terrenos urbanos al ser transmitidos. En el contexto de la actividad empresarial, surge una duda frecuente: ¿Debe pagarse este impuesto al aportar un inmueble a una sociedad? Tanto la doctrina administrativa como la jurisprudencia establecen que la aportación de un terreno urbano al capital social de una empresa, ya sea en su constitución o en una ampliación, se considera una transmisión de la propiedad a título oneroso. Por lo tanto, esta operación generalmente está sujeta al pago del impuesto, siendo el socio aportante el obligado tributario.
Sin embargo, la obligación de pago de la Plusvalía Municipal no es automática y está supeditada a dos condiciones esenciales. En primer lugar, es crucial que se haya producido un incremento real del valor del terreno entre la fecha de adquisición por el socio y la fecha de su aportación a la sociedad. Si el interesado demuestra, mediante la prueba correspondiente, que el terreno ha experimentado una pérdida de valor (minusvalía), la liquidación del impuesto no procederá. En segundo lugar, existe una importante exención aplicable a las aportaciones de terrenos que se realicen dentro de un régimen especial de reorganización o reestructuración empresarial, siempre que dichos terrenos estén afectos a una actividad económica.
Es fundamental distinguir esta operación de otras transmisiones exentas por ley. La normativa establece que no se tributa, por ejemplo, en las transmisiones de bienes entre cónyuges o a favor de los hijos por cumplimiento de resoluciones judiciales en procesos de separación o divorcio. Fuera de estos supuestos familiares o de las exenciones de reestructuración, si la aportación de un inmueble urbano ha generado una ganancia en el valor del terreno, la sociedad o el socio deberá liquidar la Plusvalía Municipal. De lo contrario, se podrá impugnar la liquidación aportando pruebas de la inexistencia de incremento de valor.